El abogado Martín de Vargas, quien representa a Luis Lavalle, la otra víctima de Buzalli en su intento de doble homicidio, solicitó le revoquen el beneficio del arresto domiciliario después del “encuentro clandestino” llevado a cabo entre Carolina Píparo, Su hermano y el menor “IC” quien fue víctima, junto con Levalle, de la cacería humana que Buzali y Píparo llevaron a cabo la madrugada de año nuevo, en la ciudad de La Plata.

El abogado sustentó el pedido en la denuncia por soborno del menor, en la que describe haber recibido 2.000 pesos, un celular y unas zapatillas a otro joven. El hecho habría tenido lugar, una semana antes de la resolución judicial, que le permitió a Juan Ignacio Buzali acceder al arresto domiciliario con tobillera electrónica. La diputada cambiemita no negó el hecho y respondió a la acusación mediante un comunicado “Hace meses me informaron que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas de índole personal. Inmediatamente, me puse a disposición y su abogado ofreció su casa como punto de encuentro. Nadie se veía incómodo con el lugar, fui con mi hermano, mi gran pilar. Estaba obviamente su abogado y también su mamá. Conversamos sobre lo sucedido, la reunión fue muy cordial”. Piparo admitió, lo que a todas luces se ve según las palabras del menor y las suyas como un soborno: “Manifestó que en el accidente se le había roto el celular y una zapatilla, a lo que ofrecí hacérselo llegar, se mostró contento y cuando lo recibió, me manifestó estar feliz y agradecido, incluso intercambié mensajes tanto con su mamá como con él después de aquella reunión y los pondré a disposición porque todo fue desde lo humano”.  La aceptación de la reunión y la dádiva, la legisladora la calificó como “súper positiva y que nada tenía que ver con todo el proceso penal en marcha” y defendió su postura “Se me reprochó que no me acerqué, se me reprocha que me puse a disposición”. Para “deflectar el ojo de la tormenta” intenta un clásico del macrismo: la psicopatía, endilgando la culpa sobre otro. En este caso, la salvaje interna de Juntos por el Cambio, “Acá hay un cierre de lista que no ignoro, pero la bajeza y la politiquería no dejan de sorprenderme” y remató “No hubo reuniones secretas con nadie, mi vida entera es pública”.

El menor “IC” denunció a la legisladora conservadora y también a sus abogados: “Me llevaron a un encuentro clandestino y a escondidas, desconociendo el motivo de tal reunión con Carolina Píparo. Del mismo participó un masculino que dijo ser el hermano de ella. (…) Luego de mucho pensar y pese a mis escasos 17 años entiendo que dicho encuentro debería haberse llevado a cabo en la Oficina de Asistencia a la Víctima de la ciudad de La Plata. Me siento muy mal por haber aceptado los $2000 que me entregó en mano la Sra. Píparo, los cuales oportunamente se los reintegraré”.

Rodolfo Baqué, nuevo abogado del menor, comunicó que su sentir “Veo a los abogados que me representaban más preocupados en defender la imagen de la diputada Píparo que mis derechos” y añadió “Seré joven, inexperto, sin dinero, pero no soy un delincuente para tener que andar encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el victimario de los hechos”. 

Ambos abogados coincidieron en el pedido de revocar los beneficios del acusado y fue De Vargas, el que solicitara a la justicia el cese de la prisión domiciliaria para el marido de Píparo, radicando la denuncia ante la Jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías 5, de la capital provincial. El abogado entiende el peligro procesal que significa Buzalli “tiene poder político y económico para entorpecer la investigación”, también expuso que “es evidente el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Piparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar, a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo» y concluyó que “es evidente que el ilícito o al menos inmoral y antiético obrar de Píparo, tratando de influenciar testigos es en nombre y representación de su marido Buzali quien se beneficiaría de ello, si Buzali por intermedio de Píparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima regalándole bienes y dinero, esta defensa no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio mediante el pago de dinero o la entrega de bienes».

Ante la presentación judicial, la fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo investigará a la diputada provincial y su hermano por la denuncia del menor IC, mientras por otro carril se continuará el pedido del cese de la morigeración del arresto de Buzali.

El pedido de renuncia de Píparo a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires volvió a repetirse y cada vez son menos voces de Juntos por el Cambio, las que defienden a la Diputada conservadora. Mientras tanto, la dádiva entregada por Píparo, se suma al pedido de desafuero.

Redacción

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