De acuerdo a la información suministrada por la Inspección General de Justicia, el dinero recibido por Mauricio Macri, provino en forma directa desde una empresa en la que el dirigente conservador posee acciones privilegiadas (y por única vez), dicha empresa recibió la exacta misma cantidad que cobró de dividendos desde otra firma en la que la accionista minoritaria es Juliana Awada, esposa de Macri. De acuerdo a Ricardo Nissen, titular del organismo investigador, se solicitará a la Justicia que investigue el probable fraude cometido por las empresas, los accionistas y el mismo Macri. 

En 2015, Macri, para emular al presidente trasandino, Piñera, anunció que su patrimonio seria manejado por un fideicomiso ciego, ya que al presidente de la Nación se le encuentra prohibido por la Constitución ejercer el comercio. El anuncio de campaña de Macri fungía como modo de transparentar el tiempo de este en la “cosa pública”, pero, la administración de esos fondos, no resisten la más mínima inspección de rutina de la AFIP. Solo al iniciar el falso fideicomiso ciego, se lo otorgó a una firma sin ninguna trayectoria (incluso sin domicilio real, como pudo ser constatado por el Portal El Destape) sino que estaba manejada por tres contadores de CABA, quienes tienen prohibido manejar este tipo de instrumentos. Dada la nula acción de la Oficina Anticorrupción, manejada por la ultramacrista, Laura Alonso, se hizo eco de la investigación periodística y tampoco solicitó una investigación de oficio. Desde la Inspección General de Justicia (IGJ) al mando de Ricardo Nissen envió lo actuado a la  Oficina Anticorrupción y de allí a la Justicia, con la recomendación que se declare nulo al Fideicomiso Ciego de Macri por encontrarse irregularidades incompatibles con lo que la ley permite, además de una serie de transferencias a su favor, por el orden de los 54 millones de pesos, provenientes de una empresa donde, la esposa del dirigente conservador, era socia.

La investigación del organismo que fue difundida inicialmente por el Portal EL Destape, no tuvo mayor difusión en los medios hegemónicos y en el día de hoy, el programa “Habrá Consecuencias” entrevistaron al titular de la Inspección de Justicia, Ricardo Nissen quien comentó lo dispuesto en la resolución 226 del organismo quien confirmó que, Macri, no puso todo su patrimonio en este fideicomiso ciego (figura que no existe en Argentina) pero, además la declaración jurada del ex presidente muestra un patrimonio falseado (5 veces menor al que Gianfranco Macri declaró en la amnistía fiscal) y tampoco incluyó la totalidad de los bienes que posee. 

El 7 de abril de 2016 fue anunciada la figura de fantasía del fideicomiso ciego, para intentar detener el escándalo público que significaba aparecer en los “Panama Papers”, por lo que otorgó el manejo de su patrimonio a una empresa. Dicha empresa fue presentada como “independiente” pese a que sus integrantes eran muy cercanos a Macri y le rendían informes cada seis meses, del pequeño porcentaje declarado en ese instrumento. Por lo que la Inspección General de Justicia halló que “era imposible que pudiera dar transparencia a la administración de su patrimonio” debido a que, “Macri no aportó todo su patrimonio personal sino una parte muy reducida de este”. Macri que encargó la tarea a Carlos D´alessio, amigo personal, dueño de la firma Seguridad Fiduciaria, empresa creada en 2001 pero su único hito fue administrar el patrimonio de fantasía de Macri ya que según la IGJ “su constitución y su actuación posterior es nula de nulidad absoluta”. La empresas declaradas dentro del Fideicomiso Ciego eran empresas carentes de “toda vocación de generar réditos” y que las empresas declaradas (de las que Macri sólo poseía el 20%) eran un esquema societario de José Alberto Uriburu, que era usado para el encubrimiento de la actividad agropecuaria unipersonal de este último y no daban dividendos a excepción de la que envió dividendos a Macri y provenientes de la empresa (fachada) en la que Awada es socia y que había presentado pérdidas por un monto inferior al transferido por intermedio de la segunda fachada a Macri.

La IGJ pidió anular el contrato entre Seguridad Fiduciaria y Mauricio Macri por encontrar demasiadas irregularidades en su comportamiento, societario, declarativo y de actuación. Por otra parte, se elevó a la Oficina anticorrupción, que maneja el abogado Félix Crous, con la recomendación de elevar a la Justicia los hechos que comprenderían una defraudación al Estado.

Argentina Informada agradece al el Portal El Destape el trabajo realizado sobre la resolución 226, para poder desentrañar las maniobras realizadas por Macri, para que, estas, puedan ser llevadas al público en un lenguaje que pueda ser comprendido por la mayoría de los lectores. 

Redacción

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