El proyecto presentado por Jimena López, Mónica Macha, Mirta Tundis , Ramiro Gutiérrez, Paola Vessvessian y Mabel Caparrós del Frente de Todos, permite a la persona a cargo de los menores la denuncia sobre el riesgo alimentario de los mismos ante el incumplimiento de lo pactado para los casos de hogares monoparentales. A través de un fácil entrecruzamiento de datos impositivos, bancarios, laborales se podrá poner luz a los movimientos monetarios por parte del incumplidor y, de esa manera, se podrá proceder en forma automática a la retención de las sumas adeudadas y transferirlas a la cuenta de la persona a cargo del cuidado de los menores. 

También promueve la creación de la Prestación Alimentaria Básica Parental que consiste en un porcentaje de los ingresos mensuales de la persona obligada a su pago para el mantenimiento de sus hijos. La aplicación de ese porcentaje no podrá resultar en una suma inferior para cada hijo/hija a la Canasta Básica Total (CBT) y sus equivalencias que, por género, edad y región publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La actualización permanente, evitará la recurrencia del cuidador a lo estrados judiciales o a asumir los costos inflacionarios.

También el Registro deberá expedir constancias o “libre de deuda registrada”, previo pago de las tasas correspondientes, que tendrá validez de 30 días. 

En la Argentina el 33% de las madres no conviven con el padre de sus hijos y un 78% de las mujeres entre 35 y 45 años convive con, al menos, un hijo. De las mujeres separadas o divorciadas, una de cada cuatro recibe una cuota alimentaria. El incumplimiento de los padres respecto a las obligaciones para con sus hijos, es un flagelo que viene de varias décadas, pero la precarización laboral y el cuentapropismo tras el macrismo, resulta casi imposible avanzar en materia judicial para el cobro efectivo de esas cuotas. “El propósito de este proyecto de ley es revertir esta situación generando un mecanismo para el establecimiento, actualización y cobrabilidad de la responsabilidad alimentaria, a fines de proporcionar un piso no negociable y ejecutable de la manera más práctica y ágil posible, para que los derechos de los niños y niñas gocen de mayores garantías de concreción real y efectiva” fue la lógica esgrimida desde el Frente de Todos.

Redacción

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