La élite agropecuaria argentina liderada por la Sociedad Rural, ultima detalles para llevar a la justicia su rechazo a las retenciones a las exportaciones que el sector debe tributar en nuestro país. La entidad, junto a Confederación Rural Argentina y Federación Agraria confirmaron que abandonarán el Consejo Agroindustrial Argentino mientras que al mismo tiempo y completando el panorama de conflicto, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de Ley para que sea el Congreso Nacional, quien determine en qué casos corresponde aplicarlas.

Nicolás Pino, presidente de siempre conflictiva Sociedad Rural Argentina, confirmó ante una Asamblea de Productores realizada en Armstrong, que el equipo de asesores jurídicos de la entidad, ultima detalles de un escrito que presentará ante la justicia argentina, buscando que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones a las exportaciones del agro.

Los letrados de la Rural, gremial patronal de notable, histórica y muy cuestionable influencia política y económica en el país, presentarán una “Acción declarativa de Certeza” argumentando que las retenciones a las exportaciones carecen de sustento legal desde principios de 2022, ya que venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos a la exportación.

La disputa en torno a las retenciones a las exportaciones no representa solo un debate de tono político e ideológico, sino también una clara manifestación de la puja distributiva que se desarrolla en nuestro país, casi desde el comienzo mismo de su vida como Estado Nación.

Tan es así que de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de cereales (CEC) que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, durante diciembre 2021, las empresas del sector liquidaron más de 2.678 millones de dólares, marca histórica en este siglo para el último mes del año.

El ingreso de divisas acumulado de la agroexportación a lo largo del año superó los 32.807 millones de dólares, siendo también récord absoluto desde comienzos de este siglo.

Recaudación Tributaria argentina 2021

En términos fiscales durante todo el año 2021, las retenciones a las exportaciones que aplican un tributo de 33 % para la soja, del 12 % para el resto de los granos y del 9 % para la carne vacuna, representaron un ingreso de más de 963 mil millones de pesos para el Estado Nacional, lo cual constituye una suba de 148,5% respecto a lo percibido por las arcas públicas durante todo 2020.

Los datos desnudan así que el sector no atraviesa por ninguna crisis de producción ni rentabilidad, aunque las conductas de su dirigencia si manifiestan un rechazo político a la legitimidad de las retenciones a las exportaciones, jugada que además busca desfinanciar al estado argentino, cuando más necesita de recursos para afrontar el pago de la deuda externa sin tener que extremar un antipático y socialmente injusto ajuste de gastos fronteras adentro.

El historiador, investigador y docente, Mario Rapoport, data el origen de los derechos de exportación en 1862 durante la presidencia de Bartolomé Mitre, patricio exponente de la elite liberal/conservadora agraria argentina, quien dispuso reglamentarlas, siendo sostenidas y aplicadas por la llamada generación del 80 durante las administraciones nacionales lideradas por Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu y Quintana.

Por ello queda claro que las retenciones no son un invento kirchnerista ni peronista, así como también corresponde descartar que hay nacido con el IAPI o más aquí en el tiempo en 2008, durante aquel recordado conflicto que disparó la Resolución 125 y que políticamente derivó en la consolidación del espacio de derecha liderado por Mauricio Macri.

Si bien no deja de ser cierto que los exportadores sufren el recorte propiciado por las retenciones a las exportaciones a partir de la cotización del dólar oficial, la rentabilidad, producción y competitividad del “campo argentino” está fuera de toda discusión.

Por caso vale mencionar que según informó la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina el patentamiento de maquinarias agrícolas creció 37,8% en 2021, con segmentos como el de tractores donde se registró una suba interanual de 46,1% y pulverizadoras con mejora superior al 23%, resultados que mal pudieron haberse producido en un sector cuya rentabilidad es nula o directamente negativa, tal el relato que “el campo” derrama reiteradamente sobre la opinión pública.

El eje del conflicto es una disputa política, batalla que las entidades agropecuarias han decidido librar no sólo en la justicia, sino también dentro del Congreso Nacional.

En las últimas horas, el diputado Ricardo Buryaile presentó una propuesta de ley junto a otros diputados de Juntos Por El Cambio, para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y disponer que el Poder Ejecutivo envíe junto con el Presupuesto nacional la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda cobrar en el ejercicio, para que el Congreso Nacional tome conocimiento y de acuerdo a sus atribuciones resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.

El legislador opositor, ex ministro de Agricultura (diciembre 2015/noviembre 2017) durante la Administración Macri aseguró que “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto, es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma del 94. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.

El proyecto presentado por el ex titular de la Sociedad Rural de Pilcomayo (Formosa) y avalado entre otros legisladores opositores por el ex vicepresidente Julio Cobos pretende derogar el artículo 644 del código aduanero, por ser lo dispuesto una atribución del Congreso; como así también modificar el artículo 26 de la ley 24.156 ofrece una nueva redacción en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero.

Ricardo Buryaile presentó un proyecto de Ley para que el Congreso determine en qué casos corresponde aplicar retenciones a la exportación.

Sobre el artículo 755 del Código Aduanero, el diputado formoseño Buryaile, expresó su iniciativa apunta a la adecuación a lo ordenado por la Constitución Nacional, “creando un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada Poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional”, aseguró. Y agregó: “la misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo quién establece las bases y plazos de la delegación”.

Según se fundamenta en los argumentos del proyecto de ley, en consonancia con lo establecido por Constitución Nacional, se advierte que los Artículos 755 y 756 del Código Aduanero resultan letra muerta sin una ley del Congreso que delegue facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. También, en ese mismo sentido, denota una absurda contradicción cuando el mismo artículo 754 del Código Aduanero establece que el Derecho de Exportación específico debe ser establecido por ley.

“El Poder Ejecutivo, sin una delegación de facultades por parte del Congreso no puede tomar como propia la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Puesto que, si lo hiciere, dicha decisión sería de nulidad insalvable”, insistió Buryaile.

Finalmente, el legislador heredero de una familia de productores agropecuarios-ganaderos de Salta y Formosa consideró que “la Corte Suprema ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Poder Legislativo, el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones”. Y además agregó: “esta doctrina surge del fallo ‘Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/Ministerio de Economía de la Nación’, en 2014”.

Pero el panorama conflictivo no se agota allí. En las últimas horas, Carlos Achetoni, sumó a la disputa a la Federación Agraria Argentina, entidad que preside, al confirmar que está rechaza el esquema de subsidios cruzados al trigo y al maíz, que dispuso recientemente el Gobierno nacional para estabilizar los precios al consumidor de alimentos de primera necesidad como presidente de la Federación Agraria Argentina el pollo y el pan.

En declaraciones radiales el dirigente expresó que la decisión del gobierno fue inconsulta y que, por tal motivo Confederación Rural Argentina, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria decidieron abandonar el Consejo Agroindustrial Argentino, un espacio que congrega a más de 60 organizaciones vinculadas a la actividad que, se presumía, sería el interlocutor institucional más adecuado para negociar con el Gobierno.

Achetoni también cuestionó las retenciones a las exportaciones y aseguró que su entidad se está “asesorando jurídicamente para realizar una presentación». Debe haber una progresividad en las retenciones. Las primeras toneladas no deben pagar retenciones para salvar al pequeño productor que año a año está desapareciendo”, señaló a una radio porteña.

Así las cosas queda claro las enormes y recurrentes dificultades históricas que padece nuestro país, a la hora de establecer consensos de mediano y largo plazo, que contemplen un basado proyecto de país inclusivo, basado en la equidad y la justicia social.

Egoísmos, disputas palaciegas  y fuertes lobbys que defienden a rajatabla intereses económicos sectoriales sin una visión de conjunto, impiden arribar a los necesarios acuerdos que permitan construir una nación donde, de una vez por todas, la pobreza, la miseria y la exclusión cedan paso al crecimiento, la solidaridad social y el desarrollo sustentable.

Walter Darío Valdéz Lettieri

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