La citación a indagatoria de Hebe de Bonafini, que derivó en su intento de detención, se produjo el mismo día que José López fue encontrado en el convento de General Rodríguez, en junio de 2016, con bolsos y dólares. No fue casualidad. Ambas operaciones fueron parte de un salto cualitativo en la estrategia del Lawfare, que pasó de provocar hechos aislados, como la prisión de Milagros Sala o la primera declaración de Cristina en Comodoro Py, a convertirse en una verdadera política de Estado. El caso Hebe inauguró el plan sistemático de persecución al opositor político mediante los grupos de tareas judiciales y la prensa hegemónica.  

El miércoles 15 de junio de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri llevaba apenas seis meses en la Casa Rosada, todos los diarios, radios y canales de televisión coincidieron en una única noticia: la detención de José López en un convento de General Rodríguez, con bolsos y 9 millones de dólares, que luego se comprobaría que habían salido de un banco de servicios financieros vinculado a Mauricio Macri.

Ese mismo día, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se disponía a realizar el segundo movimiento de esa potente operación política y  mediática: la citación a prestar declaración indagatoria para Hebe de Bonafini.

El Lawfare, largamente preparado por el Departamento de Estado norteamericano para la desobediente región sudamericana, daba un salto cualitativo en su capítulo argentino. Ya no eran detenciones aisladas, como Milagro Sala en enero de ese año, o la declaración indagatoria de Cristina del 13 de abril. Asistíamos al nacimiento de una verdadera política de Estado, prevista hasta el detalle y ejecutada con precisión: la reducción del Poder Judicial a un grupo de tareas tendiente a ejecutar el plan sistemático de persecución al opositor político.

Con la fría parquedad que distingue al sitio oficial de noticias de la Corte Suprema, el CIJ informaba en su portada del miércoles 15 de junio que el juez Martínez de Giorgi había citado a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, en el marco de la causa “Sueños Compartidos”, para el 7 de julio a las 10 horas. Un jueves. El llamado incluía a Julio de Vido, Jorge Capitanich y el propio José López, entre otros 40 imputados que, por supuesto, el CIJ no incluía en el título de la noticia. No importaban los hermanos Schoklender ni el por entonces gobernador en ejercicio de la provincia de Santa Fe, Miguel Angel Lifschitz; los apuntados en el título catástrofe eran únicamente los dirigentes políticos K.

El macrismo venía a imponer un brutal ajuste que clausurara violentamente la década de extensión de derechos y reparto crecientemente equitativo de la riqueza. Para que esa operación regresiva sobre la base material pasara y recogiera algún grado de aceptación social, debían asimilarse aquellos años de democratización del ingreso a la corrupción. Y amputar en la sociedad toda noción ética e igualitaria. Anestesiarla. Qué mejor que asociar los fajos con cientos de miles de dólares, el casco sobre la cabeza de López, los ojos desorbitados durante su detención, al indomable pañuelo blanco de las Madres, y unirlos forzadamente en una misma trama de corrupción. 

Las Madres lo tenían claro. Al día siguiente de la citación judicial, en la marcha del jueves 16 de junio, Hebe afirmó con su habitual estilo confrontativo y visceral: “No voy a ir a declarar, Martínez de Giorgi; metete en el orto la declaración. No voy a ir porque no creo en esta Justicia, no creo en estos jueces y tampoco creo en algunos abogados”. La negativa de Hebe a presentarse comprendió dos citaciones, la del 7 de julio y la del 4 de agosto, cuando la vinieron a detener para obligarla a comparecer.

En ese mismo discurso, Hebe advirtió lo que a no pocos nacionales y populares les llevó bastante tiempo reconocer: el objetivo político que animaba las causas judiciales era destruir al kirchnerismo. Los jueces no seguían pruebas jurídicas, sino intenciones políticas inconfesables.

“No voy a ir a declarar, Martínez de Giorgi; metete en el orto la declaración. No voy a ir porque no creo en esta Justicia, no creo en estos jueces y tampoco creo en algunos abogados”.

“No nos dejemos engañar, estas son operetas muy preparadas para cagarnos la vida, para que hasta los kirchneristas se peleen porque algunos piensan con los pies en lugar de con la cabeza”, razonó Hebe.

Divisiones

Las Madres preveían la ruptura total del Frente para la Victoria, que ya había comenzado en el Congreso. Por eso el 26 y 27 de agosto de ese año, dos meses después de la operación López, las Madres organizaron de apuro una Marcha de la Resistencia absolutamente desacostumbrada (nunca jamás la habían hecho en invierno) bajo el lema “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar; Cristina Conducción”. Para las Madres la salida no era despegarse de Cristina, sino, por el contrario, reivindicar con más fuerza los rasgos salientes de la década ganada y enfatizar su conducción estratégica.   

Sin dudas, las múltiples fracturas que se dieron al interior del espacio político que hasta el 10 de diciembre de 2015 comandaba sin fisuras Cristina, facilitaron la avanzada del Partido Judicial. La crisis política en la que se sumió el amplio espectro kirchnerista creó las condiciones para la sucesión de citaciones judiciales, procesamientos, difusión de escuchas telefónicas, desafueros como a De Vido, y hasta prisiones políticas para altísimos funcionarios del kirchnerismo, sin ir más lejos el ex vicepresidente, Amado Boudou.  

Hebe presa

Días antes de la asunción de Macri, Hebe había convocado a acompañar el primer minuto de gestión del nuevo gobierno con la reedición de la Marcha de la Resistencia, herramienta de lucha que las Madres habían suspendido en enero de 2006, porque “el enemigo ya no está en la Casa Rosada”. La movilización, que se realizó finalmente entre el 9 de diciembre a las 20 y las 5 de la tarde del 10 de diciembre, mereció, tras una denuncia de un abogado defensor de genocidas, una imputación por incitación a la violencia de parte del fiscal federal Carlos Stornelli, quien consideró delictiva la convocatoria. Ni la dictadura se había animado a tanto. Desde luego, la causa quedó en la nada, pero envió el mensaje a todos los que quisieran entenderlo: quien se atreva a enfrentar al gobierno del ajuste sería criminalizado.

Aquel episodio menor forma parte de una trama más compleja que pasó a mayores el 4 de agosto de 2016, cuando justo a la misma hora que las Madres se disponían a salir de su sede rumbo a la Plaza de Mayo, como todos los jueves desde 1977, llegaron alrededor de 100 uniformados de la PFA, para ejecutar una orden judicial y llevarse detenida a Hebe, para obligarla a comparecer ante el juez y “ejercer su propia defensa”, tras dos negativas públicas de Hebe a hacerlo.

El operativo policial decretado por Martínez de Giorgi fue acompañado de sendos oficios a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad de la Nación, en los que los notificaba de que Hebe había sido declarada “rebelde” y se ordenaba “su inmediata detención”, además de la prohibición para salir del país.

Al Departamento Delitos Federales de la Policía Federal Argentina, en tanto, el magistrado le exigió “proceder al allanamiento, en el día de la fecha, con habilitación de día y hora inhábil, del domicilio situado en Hipólito Yrigoyen 1584 [la Casa de las Madres], con el objeto de que se proceda a la detención de Hebe María Pastor de Bonafini, debiéndose promover la inmediata consulta con este tribunal en caso de hacerse efectiva la detención”. La orden habilitaba “el uso de la fuerza pública en caso de resultar necesaria”.

Necesario fue, porque la operación política así lo exigía. Sin show represivo el montaje estaba incompleto. El macrismo no iba a dudar un minuto: si para imponer el ajuste fue capaz de asociar el pañuelo blanco a la corrupción, tampoco le temblaría el pulso a la hora de parar cien policías en la puerta de la Casa de las Madres y llevarse presa a una mujer de entonces 88 años, que además es Hebe de Bonafini.

La persecución judicial a las Madres buscó la aniquilación política de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

El operativo incluyó que una camioneta policial se estacionara delante de la combi que transportaba a las Madres para impedirles la salida, y así frustrar la marcha de ese jueves. Fue entonces cuando un centenar de militantes alcanzaron a interponerse y lograron hacer un cordón, que permitió a la camioneta subirse a la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1500 y burlar la cacería. A partir de allí, y tras el arribo de las Madres a la Plaza, comenzaron a acercarse miles de manifestantes que se dispusieron a acompañarlas en su tradicional marcha y rodearlas en su regreso a la Casa de las Madres, para evitar un nuevo intento de detención.

Tras la presentación de un pedido de eximición de prisión por parte del abogado defensor Juan Manuel Morente, el juez, disgustado por las muestras de apoyo popular a las Madres y cuando se encaminaba a un nuevo conflicto porque Hebe de disponía a partir por tierra rumbo a Mar del Plata para participar de Encuentro sobre Comunicación Popular, debió volver sobre sus pasos y suspender la orden de captura. Unas semanas después se presentó en la Casa de las Madres, para que Hebe le diga en la cara, de local, que no iba a declarar, ni que se iba a prestar al circo judicial que el macrismo estaba montando desde el primer minuto de su gestión, para tapar los horrores de sus políticas.

Hebe a juicio oral

Aquel sensible triunfo político de las Madres sobre el macrismo y el Partido Judicial no se verificó en la tramitación de la causa “Sueños Compartidos”. O quizás se trate, justamente, del precio de aquella victoria. El desenlace de ese trámite procesal interruptus (la declaración indagatoria) fue el procesamiento para Hebe y su posterior elevación a juicio oral, resuelta conjuntamente por el juez Martínez de Giorgi y la fiscala federal Paloma Ochoa. Es quizás una de las perversiones más crueles del Lawfare en su versión criolla: sentar en el banquillo de los acusados a las Madres de Plaza de Mayo. 

La confirmación del procesamiento de Hebe sucedió en simultáneo a la carta de apoyo que el Papa Francisco le envió en febrero de 2018. Al Partido Judicial no le importó. Ni siquiera lo forzó a extremar las medidas procesales y producir prueba que dé sustancia a un procesamiento a todas luces arbitrario, que derivó en el envío del expediente al tribunal oral que habrá de juzgar algún día a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo.

A pesar de la denuncia que el abogado de defensor de Hebe presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, respecto del robo de documentación que las Madres entregaron oportunamente a la Justicia federal (cuando el instructor del proceso era el juez Oyarbide, posteriormente apartado por la Cámara Federal), la causa fue elevada para su juzgamiento.

Sin ninguna pericia sobre los bienes de Hebe, ni ninguna otra sobre la ruta del dinero, lo que no sólo desafectaría automáticamente a las Madres de cualquier responsabilidad penal en la estafa sino que las convertiría en víctimas del desfalco, pesa sobre Hebe –que es lo mismo que decir sobre todas sus compañeras–, un proceso oral que podría condenarla. Escenas de la Justicia a la argentina.

Aniquilación política

Sin dudas, la persecución judicial a las Madres buscó la aniquilación política de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El intento de detención de Hebe fue la forma más burda, pero hubo otras más sutiles, tal el caso de la llevada adelante por el juzgado Comercial Nº 13 de la Capital Federal, a cargo del juez Fernando Javier Perillo, quien ordenó el secuestro de su archivo histórico, de las camionetas en las que las Madres se trasladaban y hasta el desalojo por la fuerza pública de su histórica sede, decretos que las luchadoras del pañuelo blanco resistieron exitosamente con sus propios cuerpos.

Las decisiones de Perillo obedecían a planteos en el mismo sentido presentados por el juez porteño Javier Buján, hombre de Daniel Angelici y nombrado interventor del Instituto Universitario Nacional “Madres de Plaza de Mayo” por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Buján aún continúa al frente del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, como si nada hubiera pasado.

Hebe descree políticamente del sistema judicial, porque conoce los intereses que lo alientan, y en consecuencia lo combate y denuncia.

Porque el calamitoso gobierno macrista terminó, pero la articulación mediática, política, judicial y de servicios de inteligencia que animó sus cuatro años de gestión sigue indemne, salvo los saludables cambios en la AFI, tras la designación de Cristina Caamaño. Ojalá la reciente ola de confesiones de varios actores judiciales respecto de las presiones del gobierno macrista a los magistrados permita derrumbar el muro de silencio que todavía se tiende sobre la oscura trama que llevó a intentar detener a Hebe de Bonafini y mandarla a juicio. 

Los instructores de la avanzada contra las Madres cuentan con una ventaja adicional: Hebe descree políticamente del sistema judicial, porque conoce los intereses que lo alientan, y en consecuencia lo combate y denuncia en todas sus manifestaciones, incluido el acto procesal de la defensa, que las Madres no ejercen. Querellan poco y se defienden menos. Denuncian, mas no apelan.  

Para las Madres de nada vale defenderse en sede judicial si el aparato judicial sigue en manos del enemigo. La postura puede parecer polémica, pero está escrita con el propio pellejo. No es una pose teórica. Es una elección de vida, una definición ideológica y una toma de partido política. Ese razonamiento de las Madres escapa a la lógica jurídica. Alumbra otro tiempo. La absolución de las Madres está en la historia, no en un estrado judicial.

Así como Cristina esperó hasta mayo de 2019 para dar a conocer en su libro “Sinceramente” la verdad sobre las injustas imputaciones que cargaba junto a sus hijos desde la muerte de Néstor Kirchner, quizás Hebe también esté esperando que llegue ese momento, que va construyendo pacientemente con su lucha.

Demetrio Iramain

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