Veintisiete minutos para explicar el estado de la justicia y el porqué de la reforma judicial, fue el tiempo que le tomó al Presidente, Alberto Fernández, explicarla. Con un tono académico, hizo un racconto de la historia de las intervenciones de a justicia en la vida política de la Argentina. Explico la necesidad de jueces probos y no permeables a los designios de los poderosos y los intentos del poder político de devolverle la transparencia. Recordó el sistema de escrutinio social para la selección de jueces supremos y el nombramiento de Esteban Righi como Procurador del Tesoro. Repasó la modernización del Código Procesal Penal impulsado por Cristina Fernández, pero también recordó los DNU de Mauricio Macri, que llevaron oscurantismo a la justicia y a los servicios de inteligencia que terminó en la arbitrariedad procesal, la doctrina que transformó la prisión preventiva en una condena anticipada y las condenas mediáticas: El uso de la Justicia para saldar cuestiones políticas.

“Poner el debate público la cuestión judicial, para poder lograr tener un mejor Estado de derecho” fue la frase que resumió el envío de la nueva ley que crea la Justicia Federal Penal, será debatida en el Congreso. Con estas medidas se diluye el poder de lo que se conoce como “Comodoro PRO” que no es otra cosa que, la mano ejecutoria en la Justicia Federal, de la mesa Judicial del PRO, manejada por Daniel Angelici en nombre de Mauricio Macri. 

También la ley busca que los delitos no federales, que sucedan en la Ciudad de Buenos Aires, sean jugados en el territorio, que completa de esta manera la transferencia de las competencias judiciales que quedaban pendientes al provincializar la Capital Federal en 1994.

Otro ítem plantea la unificación plena de la materia civil y comercial federal con la propia del contencioso administrativo, para evitar los conflictos de competencia entre ambos fueros.

Otros de los puntos es fortalecer la justicia federal en las provincias, se propone utilizar las bases del proyecto Justicia 2020 de la actual oposición para la creación de juzgados federales con competencias varias.

La conducta de los jueces será motivo de la ley para evitar favoritismos y asegurar ecuanimidad ante las partes. Tratamiento libre e igualitario y evitar lobbies de todo tipo, incluso, el popular. 

También la norma crea el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público (fiscales) para elevar al Presidente, mejoras de la administración de Justicia e impulsar ideas que lleven a nuevas leyes al respecto.

Ahora será el turno del Poder Legislativo de dar el cuerpo a esta reforma, que se espera hace más de cuatro años. Y las recomendaciones del Consejo Consultivo, deberán estar a la altura de las nuevas demandas en materia de justicia. Una justicia del siglo XXI, para saldar, como expresó el presidente, “las deudas que se tienen con la sociedad”.

Rodrigo Mas

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