Tras la arbitraria decisión tomada por la ex ministra conservadora, Carolina Stanley, en la que privó en 2016 a la dos veces Presidenta de la Nación y viuda del ex Presidente Néstor Kirchner de impedir que cobrara la pensión que se estipula como titular del Poder Ejecutivo y como superviviente de su marido, Ezequiel Perez Nami, Juez Subrogante, sentenció que la actual Titular del Senado y Vicepresidenta de la Nación, está facultada para cobrar dichas pensiones honoríficas. 

La decisión tomada por orden de Macri y ejecutada por su ladera, le costará al Estado una cifra superior a los 100 millones de pesos, 24 millones en concepto de los haberes no cobrados más 70 millones en interés, tomando el modesto cálculo conservador de la tasa pasiva del Banco Nación.

Desde las redes sociales, un grupo de activistas antiperonistas, busca que la titular de ANSES, Fernanda Raverta y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, apelen la medida dictaminada por el Juez. Sin embargo, según trascendidos, el organismo y el Jefe de los abogados del Estado, no creen necesario apelar la medida que ya le ha costado al erario público un 300% más, por un capricho de Mauricio Macri, quien ha hecho una interpretación maniquea del derecho previsional.

Miguel Fernández Pastor, abogado previsional de Cristina Fernández recibirá la comunicación con la cifra luego de la reliquidación de ANSES, pasado el 8 de febrero (tiempo límite para la apelación de la medida), que será puesta a conocimiento del Juez Nami a fin de convalidar el número que costará a las arcas estatales, la mala administración de Cambiemos sobre los dineros públicos.

Redacción

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