La situación de la superpoblación en las Cárceles bonaerenses no es una novedad para el Gobierno de Axel Kicillof. Antes de asumir, más de 15000 internos, declararon una huelga de hambre por las pésimas condiciones de las personas privadas de la libertad (PPL) dentro de los establecimientos penitenciarios. Las causas eran múltiples: hacinamiento, falta de alimentos, maltrato del personal del Servicio Penitenciario, inacción de la justicia, entre los primeros citados.
A raíz del comienzo de la Pandemia un grupo de estudiantes de Sociología de la CUSAM, dependiente de la UNSAM, que se encuentran privados de la libertad llevaron a cabo un Estudio de Investigación, y asistidos por sus profesores realizaron un relevamiento in situ de las condiciones habitacionales, de salud y el estado de las condenas de los internos para encontrar la verdadera raíz del problema de la superpoblación en la U48 de José León Suárez del Partido de San Martín. La investigación tuvo una particularidad: se llevó a cabo en el contexto de una huelga pacífica de hambre ante la aparición del COVID-19.
La reforma: Ley Pietri.
La ley de la Ejecución Privativa de la Libertad (ley 24660) fue sancionada en 1996 pero, en Julio de 2017, sufrió modificaciones (lo que se conoce como Ley Pietri) y allí comienza a elevarse exponencialmente la tasa de encarcelamientos. Esta desproporcionada (y arbitraria) modificación trajo como corolario una superpoblación, hacinamiento, la falta de asistencia médica, comida y el comienzo de tormentos que, en el informe, se describen como “práctica sistemática de torturas. La inacción de la Justicia derivó en el total abandono de persona que llevó a situaciones trágicas con pérdida de vidas -por citar el Caso Fernando Rey -U23 como muestra de esta barbarie-.
El Estudio de Campo
El estudio cuali-cuantitativo llevado a cabo por los Estudiantes, abarcó el 46% de la población de la U48 (debido a que no se podían ingresar a los pabellones de máxima seguridad por diversos motivos) pero, el método científico siempre tiene formas de realizarse y el ingenio venció a las barreras (en este caso rejas) y varias de las entrevistas que no pudieron ser presenciales, se realizaron a través de las ventanas y mediante planillas que las PPL colaboraron en llenar. Este estudio tuvo por finalidad, en palabras de los autores, para “advertir y subsanar” problemas de subregistro para poder lograr “posibles alternativas que desemboquen en soluciones para cada uno de los conflictos que acontecen y se desarrollan dentro de las Instituciones de Encierro; nos permitan proyectar un planteo superador a la hora de construir políticas de seguridad ciudadana”.
Tomando en cuenta las limitaciones con las que contaron, este relevamiento arroja más luz que los informes oficiales provistos por la justicia y por la anterior administración. Y los datos son esclarecedores: La unidad cuenta con 1039 personas alojadas (aunque su capacidad total es de 480), los internos no reciben o reciben atención médica esporádica, las historias clínicas de los pacientes están desactualizadas o son inexistentes (lo que impide evaluar libertades anticipadas o el otorgamiento de otros beneficios).
| Teórica | Real | Superpoblación | |
| Capacidad Total | 480 | 1039 | 559 |
| Mediana Seguridad | 288 | 526 | 238 |
| Máxima Seguridad | 192 | 485 | 293 |
El resto de los detenidos (49) se encuentran en otras dependencias de la Unidad (Sanidad, Aislamiento, etc)
En cada celda de Máxima Seguridad (3 mts x 3 mts) conviven al menos cinco detenidos, tres de ellos duermen en el piso sin colchón. En las celdas de Mediana Seguridad hay seis camas, pero conviven 12 o 13 personas.
La salud de los reclusos
Este hacinamiento sumado a los problemas estructurales que arrastra el Servicio Penitenciario en su conjunto, exponen a la población carcelaria a patologías subsanables y en muchos casos evitables. El reporte de la investigación arroja que un 32% de los PPL, padecen afecciones en su salud. De este grupo un 17% padece asma crónica, 11% hipertensión, 7%tuberculosis, 3% Insuficiencia renal, 4% Diabetes, 3% HIV y 1% Epoc, lo que constituye un caldo de cultivo suficiente para desatar un verdadero problema en caso que el COVID-19 se desate como brote tras las rejas. A estas patologías se deben sumar afecciones gástricas, cardíacas, hepáticas, traumatológicas, etc. También un 1% presenta patologías múltiples. En resumen, uno de cada tres privados de su libertad padece alguna afección que lo transforma en sujeto de riesgo ante la Pandemia de COVID-19. La falta de insumos médicos y la falta de profesionales de la salud, que puedan atender de forma habitual a los PPL, los coloca en más riesgo aún. Según el relevamiento, el subregistro y la falta de controles habituales (la mayoría de los detenidos o no ha tenido una visita al médico desde se ingreso a penal o lo ha hecho de forma muy esporádica o ante una urgencia (definido como el estado en donde la vida de una persona corre riesgo de vida), dificulta llevar una historia clínica que permita a las autoridades judiciales poder tener una base para mensurar, no solo las condiciones de los mismos, sino poder evaluar si los reclusos se encuentran habilitados a recibir algunos de los institutos que prevé la ley (libertad condicional, asistida, etc) o si corresponde algún tipo de morigeración de la pena por condición de salud.
El fin de la pena
Otro dato que refleja el porqué del hacinamiento lo brinda el gráfico que muestra que un 52% de la población de la unidad se encuentra en término o (pasada de éste) para obtener alguno de los “beneficios” liberatorios. Dentro de esa población un 64% se encuentra en condiciones de acceder a una libertad condicional (entendido como el cumplimiento efectivo de 2/3 de la condena), mientras que, el 36% restante, debería poder obtener la libertad asistida por agotamiento de la pena (entendido como el período de seis meses antes de cumplir la totalidad de la condena). Cabe aclarar que la ley prevé sólo el beneficio de la libertad asistida y las salidas transitorias para los reincidentes. La suma de ambos casos determina que más de la mitad de los reclusos, podría recuperar la libertad tal como lo estipula la ley. Sin salidas dictaminadas por imaginarios poderes ocultos. Solo por el estricto cumplimiento de la ley vigente.
Si sumamos la elevada punibilidad que María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo han tomado como política en tándem con la Justicia bonaerense durante el período 2017 a 2019, y que pobló las cárceles bonaerenses con ofensores de causas menores en casi 16000 nuevos presos y, a esto, le agregamos la inacción de la Justicia por acción u omisión, podemos encontrar una clara explicación al problema de la superpoblación de las cárceles.
La falta de inversión en las mismas, la falta de capacitación constante del personal a cargo de los reclusos y la falta de recursos humanos en todos los niveles, redondea esta tormenta perfecta que puede desatarse.
Algunas medidas no son fáciles de lograr en el corto plazo. EL 5% de crecimiento en las plazas carcelarias anunciado por el Ministro Alak, no alcanza para lograr una cama por recluso. El lobby desatado en los medios que instauró en la agenda una suelta de presos imaginaria, esconde cuatro años de desinversión en materia penitenciaria. Y obligó al gobierno de Kicillof a responder por lo realizado por Vidal, por las acciones tomadas por el Procurador Conte Grand (nombrado por Vidal) y por la Justicia que no da una respuesta acorde a los tiempos que se viven.
Hoy se deben dar respuestas rápidas para no sufrir en los establecimientos penitenciarios lo que se está viviendo en las Villas de Emergencia o los Geriátricos de la Capital Federal. Cuanto antes la Justicia aborde estos temas, más vidas se salvarán y más nos acercaremos a una sociedad más “civilizada” como planteaba Dostoyevsky en las Memorias de la Casa Muerta porque “El grado de civilización en una sociedad, puede ser juzgada entrando a sus prisiones” y eso no es otra cosa que el trato a los presos.
