Durante gran parte de nuestra historia, la clase dominante utilizó a las fuerzas de seguridad como un instrumento de ordenamiento social y de “perros guardianes” de sus intereses.

Los golpes de 1955 y 1976 estuvieron motivados en la restauración definitiva del modelo de exclusión y explotación que, el peronismo, había derogado.

Utilizaron a las fuerzas armadas para «exterminar» a los/as que se resistieran a las imposiciones de la minoría poderosa.

Con el retorno de la democracia, esa práctica siguió vigente, se transformó pero nunca desapareció.

El neoliberalismo no pudo ser desterrado a través de las urnas y la exclusión se multiplicó y se materializó en las villas. Los sospechosos/as dejaron de ser los/as militantes y pasaron a ser los/as excluidos/as, encarnados en los pibes/as de los barrios.

El caso fundacional del genocidio disimulado por la democracia fue, sin dudas, la «Masacre de Budge»: el 8 de mayo de 1987 el suboficial Juan Ramón Balmaceda, y los cabos Isidro Romero y Jorge Miño, dispararon a quemarropa contra Agustín Olivera (26 años), Roberto Argañaraz (24 años) y Oscar Aredes (19 años). Olivera y Argañaraz, desempleados hacía pocos días a causa de la crisis económica del último período del gobierno de Alfonsín, habían decidido ir a tomar unas cervezas en la esquina de Guaminí y Figueredo. Minutos antes habían tenido una discusión con la dueña de un bar y, al irse del establecimiento golpearon la puerta, provocando la rajadura de un vidrio. Fue dicha mujer quien denunció a Balmaceda sobre lo sucedido en la comisaría de Puente La Noria.

Balmaceda era temido en las calles de Budge, su brutalidad reafirmó la funesta reputación con la atrocidad que cometería junto a los otros dos asesinos.

Los tres sicarios de uniforme interceptaron a Olivera y Argañaraz en la esquina citada anteriormente y dispararon, a mansalva, contra ellos. Utilizaron dos pistolas nueve milímetros y una ametralladora del mismo calibre, para destrozar a balazos los cuerpos de los jóvenes y también el de Óscar Aredes, que se había quedado conversando con ellos, a la vuelta de hacer los mandados. Olivera y Aredes murieron en el acto mientras que Argañaraz fue herido en una pierna.

Los vecinos fueron testigos de cómo Argarañaz fue subido a una camioneta Ford F-100 que desapareció sin dejar rastros. El joven apareció muerto con tres impactos de bala en la cabeza, mientras que plantaron armas en los cuerpos de Olivera y Aredes para simular un enfrentamiento.

Los vecinos recibieron toda clase de «aprietes» para que no declararan, pero -aún así- se llegó al primer juicio en 1990. Balmaceda y Miño fueron condenados por «homicidio en riña» pero la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires anuló la sentencia. Se realizó un segundo juicio en 1994 en donde los 3 asesinos de la policía bonaerense fueron condenados a 11 años de prisión. Los asesinos esperaron la confirmación de la sentencia en libertad, cuando la misma quedó “en firme” se profugaron. 

Romero fue recapturado en 1998 mientras que Miño y Balmaceda caerían recién en 2006.

El jefe de los sicarios, Ramón Balmaceda, estuvo detenido sólo veinte días. Le otrogaron el beneficio de la prisión domiciliaria.

De la Masacre de Budge a hoy, hubo incontables víctimas de “Gatillo Fácil”, ocurrieron durante todos los gobiernos y son -sin dudas- el legado más vigente y doloroso de la última dictadura cívico-militar genocida.

Este tipo de hechos no se pueden tolerar en democracia, no hay excusa ni justificación.

Será el asesinato de Lucas un antes y un después?

Basta de gatillo fácil

Pablo Targhetta

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