El juzgado de Juan Pablo Auge en Lomas de Zamora se va convirtiendo en una fuente inagotable de situaciones bizarras por parte de quienes llevaron a cabo el espionaje ilegal en las cárceles durante el macrismo. El maltrato y, en este caso, insultos a Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide son la muestra de los implicados se encuentran acorralados para poder justificar las acciones ilegales cometidas.
En el día de ayer, los ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se encuentran imputados, Miguel Ángel Perrota y Fernando Carra, prestaron declaración indagatoria en lo que refiere al denominado “legalo nueve” que se tratarían del espionaje ilegal realizado sobre presos políticos, sus familias y abogados durante el macrismo.
La declaración de Perrota se centró en el mensaje hallado en su celular en una charla que mantenía con Emiliano Blanco, Ex Director del SPF en la que le avisaba que tenía «disponibles todas las fichas de los presos políticos, en papel y en digital». Perrota intentó deflectar la pregunta, aduciendo que se trataba de los legajos de los detenidos políticos durante la dictadura 76-83, respuesta que ni el juez o los fiscales pueden tomar como seria dado el contenido de la charla.
La declaración de Fernando Carra, quien se desempeñaba asesorando al Servicio Penitenciario Federal y que regenteó la Oficina de Promoción de Derechos Humanos en el organismo, tuvo un tenor muy agresivo, donde se mostró al imputado referirse a los fiscales en tono violento y despectivo. En su declaración Carra expresó que su relación con Cristina Suriano, responsable de la inteligencia del organismo, se basó en un intercambio de información sobre venta de droga, fugas y venta de electrónicos dentro del SPF. El trato impropio expresado por Carra durante su indagatoria llevó a que, los fiscales Eyerhabide e Incadona, desistieran de continuar el cuestionario preparado a tal fin.
Las indagatorias a los imputados continuarán el lunes, con la testimonial de Emiliano Blanco, quien manejara el organismo penitenciario durante el gobierno de Mauricio Macri y del responsable de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de inteligencia, Juan Sebastián De Stefano. Las declaraciones de estos últimos, podrán dilucidar la extensión de las responsabilidades en la cadena de mando de lo que es, sin lugar a dudas, la mayor violación de derechos, desde el retorno a la democracia.
Redacción
