En un trámite express, Horacio Rodríguez Larreta, busca rezonificar la zona costera lindante al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves, la bancada de Juntos por el Cambio (ex Vamos Juntos, ex Cambiemos) intentará hacer valer la mayoría parlamentaria para atestarle un nuevo golpe a la ecología porteña. La intención de levantar un barrio náutico con edificios de 10 pisos para habitantes de altos ingresos, acabará con una de los pocos accesos públicos que quedan al Río de la Plata y uno de los escasos espacios verdes con los que cuenta la ciudad.

La nueva movida inmobiliaria que lleva a cabo Larreta, intenta violentar unas 31 hectárea en lo que se conocen como Costa Salguero y Punta Carrasco (por los dos balnearios de acceso público que allí funcionaron durante décadas). Este intento viene atado de los acuerdos firmados -de espalda a la ciudadanía- entre Larreta y, al menos, tres empresas constructoras que son habitués de las ventas de espacios públicos a precio de saldo, que viene llevando a cabo el Macrismo desde hace once años. Bajo la excusa de fondos para paliar la pandemia, el PRO y sus aliados, buscaran obtener seis millones de dólares de la venta de los terrenos, apenas el costo de un piso en el futuro barrio náutico. 

Sin medir las consecuencias de levantar, al menos, diez edificios frente al aeropuerto, el gobierno conservador de CABA intenta enmascarar este riesgo bajo un “Concurso nacional de ideas”. Cabe recordar que la tragedia sucedida en 1999, el vuelo 3142 de LAPA concluyó exactamente en los terrenos de Costa Salguero, costando la vida de 63 pasajeros, dos transeúntes y 34 heridos de diversa gravedad. Se intenta cubrir el 100% del espacio de Costa Salguero y el 65% de Punta Carrasco. En el restante espacio un helipuerto se sumará a los riesgos directos que ya el desarrollo conlleva.

La historia de Costa Salguero lleva consigo la marca de la corrupción menemista, que entregó la concesión a precio vil por 30 años y que permitía su venta al finalizar la misma. De esta normativa se está valiendo Larreta para forzar la venta con una disposición ad-hoc firmada en diciembre de 2019.

Varias agrupaciones de defensa de los espacios verdes vienen alertando sobre la problemática desatada por la gestión Macri/Larreta en la ciudad que va en directa confrontación con el artículo 41 de la Constitución que garantiza “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

La decisión será judicializada, ya que el gobierno conservador de CABA cuenta con el número necesario para aprobar la medida, a menos que, el gobierno nacional intervenga, expropiando el predio bajo la necesidad pública de preservar el medio ambiente de los porteños.

Redacción

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