Entrevista al abogado Alfredo Guevara
Se trata de Carlos Aguinaga, ex senador provincial por el Partido Demócrata, expresión que gobernó Mendoza durante las dictaduras militares. Aguinaga figuró como asesor durante la gestión de Germán Garavano, ministro de Justicia de Macri, con obligación de cumplir horario en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, participó activa y coordinadamente con el gobierno de Cornejo en el hostigamiento sistemático a Nélida Rojas y su familia.
Por Carlos Almenara
La revelación la hizo el Dr. Alfredo Guevara, letrado de Nélida Rojas, quien dio a conocer la reciente recepción de un informe del Ministerio de Justicia nacional que confirma que Aguinaga fue asesor de esa repartición con cumplimiento de horario mientras ejercía en Mendoza la representación de los denunciantes de Nélida.
Para poner en contexto
Apenas asumió Macri una de sus primeras tareas fue asistir a su conmilitón, Gerardo Morales, en la persecución a Milagro Sala y la organización Tupac Amaru. La premura de Patricia Bullrich por dar palos la llevó a matar a 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015 cuando los mandó de urgencia a reprimir un supuesto corte de ruta que no existía en un ómnibus que no estaba en condiciones. VER: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/desbarranco-omnibus-rosario-de-la-frontera-muertos-gendarmes-nid1854058/
A los pocos días Gerardo Morales secuestró a Milagro Sala y la recluyó en prisión. Actualmente sigue con prisión domiciliaria. Para conseguir ése y muchos otros provechos, Morales amplió el número de integrantes de la Suprema Corte provincial, el mismo día de su asunción, de modo de tener una mayoría automática.
Durante 2016 la organización de la que Nélida Rojas es referente en Mendoza tuvo enormes dificultades por la sistemática hostilidad del gobierno provincial de Alfredo Cornejo. Luego de un largo año de padecimientos sin poder responder a los socios de las cooperativas por el boicot gubernamental, en noviembre de 2016, Lanata armó un show para estigmatizar, escrachar y estructurar la siguiente persecución a la Tupac mendocina.
Algunas personas que aparecen en el show de Lanata se convirtieron en denunciantes de Nélida. Fueron reclutadas por el gobierno de Cornejo con una seductora propuesta: casa (y denuncia) o silencio (y cárcel). La tarea del ñoqui de Garavano consistió en golpear puerta por puerta de los socios de las cooperativas de la Tupac para llevar la propuesta. Así se hizo del patrocinio legal de los denunciantes. Coordinó su acción con el Procurador de Cornejo, Alejandro Gullé, la fiscal Gabriela Chaves y funcionarios del gobierno provincial.
En el proceso se produjeron hechos aberrantes y otros verdaderamente bizarros. Aberrante fue la cárcel injusta que sufrieron los perseguidos y el trato denigrante con riesgo de vida a que sometieron a una hija embarazada de Nélida. Aberrante pero también bizarro fue el allanamiento a la vivienda del hijo de Nélida, al que llevaron 140 policías que entraron derribando la puerta a la fuerza. El único problema es que derribaron la puerta del vecino. Cuando tocaron timbre al lado, apareció quien nunca se escondió.
La entrevista
Alfredo Guevara es un destacado abogado mendocino, hijo de dos abogados y reconocidos defensores de los Derechos Humanos. En diálogo este viernes con el programa Temprano para Imposibles de Radio La Mosquitera reveló la recepción del informe del Ministerio de Justicia así como la relación de estos hechos con otras persecuciones y con el estado de la Justicia.
Temprano para Imposibles: Queremos que nos cuentes el rol de Carlos Aguinaga, asesor del ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, en la persecución que sufrió y sufre Nélida y su familia.
Alfredo Guevara: Fue un factor clave. Aguinaga representaba a las personas que iniciaron las denuncias en el programa de Lanata contra Nélida Rojas. Ya estaba presa Milagro Sala desde principios de 2016. En noviembre de 2016, Lanata hace un programa en que la gente que denuncia a Nélida Rojas está representada por el Dr. Aguinaga.
A lo largo de la causa se comenzó a advertir que había una connivencia entre la querella y las fiscalías. Connivencia que tenía que ver, no solamente con la actuación conjunta en el proceso sino con la actuación política en conjunto que exhibía Aguinaga, que difundía encuentros que realizaba incluso con la presencia de Garavano, acá en Mendoza.
TpI: ¿Por qué participa Aguinaga en la querella?
AG: Aguinaga produce que un grupo de personas que por diversos motivos fue excluida de viviendas a raíz de una ordenanza de la Municipalidad de Lavalle que establecía que los beneficiarios de vivienda debían acreditar residencia anterior en Lavalle, se enojan, van a ver al abogado Aguinaga y el abogado Aguinaga elabora la estrategia de persecución a la Tupac en connivencia con la fiscal Chaves.
TpI: ¿Durante ese tiempo Aguinaga fue asesor del ministro Garavano?
AG: Durante las audiencias surgía esa cuestión. Yo le preguntaba si estaba cumpliendo horario como asesor del ministro Garavano o estaba representando a las supuestas víctimas. Hicimos un pedido de informes al Ministerio de Justicia de La Nación. Tenemos el informe por escrito por el que, en ese momento, Aguinaga era asesor del ministro Garavano y que debía cumplir horario en CABA. Evidentemente nunca lo cumplió. Su función era hostigar y perseguir ilegalmente, como parte de un plan nacional a la organización Tupac Amaru en la provincia de Mendoza.
TpI: Reconstruyendo. Aguinaga juntó un grupo de gente para denunciar a la Tupac Amaru. Trabajó con Lanata a partir de sus programas de televisión dedicados a escrachar y estigmatizar a Nélida Rojas y la Tupac. A su vez, tenía el apoyo estatal con el ministro de Justicia de la Nación…
AG: Que no le exigía cumplir su trabajo, como debía ser según el contrato.
TpI: Podemos decir entonces que Garavano le pagaba para perseguir a la Tupac. Además trabajaba en coordinación con la Procuración de Mendoza y con la fiscal Chaves, y, con los funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Provincia.
AG: Efectivamente, nosotros decimos que esto ha sido una “Mesa Judicial” que ha funcionado en Mendoza. En este caso, particularmente, en la persecución nacional a la organización Tupac Amaru.
TpI: ¿Esto se puede describir como una asociación ilícita? ¿Cómo la describirías?
AG: La asociación ilícita ha tenido diversos usos e interpretaciones. Tradicionalmente se ha utilizado sin fundamento. Puede haber existido, para determinarlo habría que articular esta información con la persecución nacional a la Tupac Amaru. La persecución a Milagro Sala en Jujuy ha sido motivo de pronunciamientos de Tribunales internacionales y organismos, como el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han declarado que las detenciones son arbitrarias. A fin del año pasado, la Relatoría de Naciones Unidas estableció en un pedido de informes al gobierno nacional (se estaba por ir Macri) que había la presunta existencia de un plan sistemático de sometimiento de la independencia del Poder Judicial a efectos de que se alinearan al gobierno, que a través de ese plan sistemático se hizo el nombramiento por decreto de dos de los cinco miembros de la Corte Suprema, que luego se convalidó, violando toda la normativa legal, convencional y constitucional vigente, la manipulación de los traslados de jueces, que ahora está saliendo a la luz, jueces ad hoc, sin acuerdo del Senado, todo eso ya estaba señalado por la Relatoría.
TpI: ¿Y qué opinás sobre la decisión de la jueza del Fuero Contencioso Administrativo, Biotti, que pretende impedir al Senado tratar los traslados de Bruglia y Bertuzzi?
AG: Creo que ella actúa en función de pedidos realizados por Bruglia y Bertuzzi. Es anómalo. Por ejemplo, nosotros, acá en Mendoza, no le pedimos al Senado que no tratara el pliego de María Teresa Day, que no reúne los requisitos para ser miembro de la Suprema Corte. No le pedimos al Senado eso, lo que pedimos los organismos de Derechos Humanos es que no se la nombre. El que la designa es el Ejecutivo. Así es el mecanismo constitucional. Tampoco se les ocurrió algo como a Biotti a los bloque de la oposición que presentaron una acción declarativa de certeza impedir que sesionara el Senado. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, todos hemos tenido muy clara la división de poderes. En la Nación, quienes no cumplieron, según dictaminó el Consejo de la Magistratura, con los mecanismos previstos para la designación o traslado de los jueces, los que no concursaron para esos cargos, no tuvieron el acuerdo del Senado, y esto siempre fue un tema que plantearon las defensas en todos los casos, es una cuestión escandalosa. Por eso el Consejo de la Magistratura dispuso el pase al Senado para que convalide o no esos pliegos. Si el Senado los aprueba, estos jueces quedarán en los cargos. Si el Senado no los aprueba, esos jueces tendrán que volver a los cargos para los que están designados legalmente.
TpI: Mencionaste recién la impugnación, de la que participaste, de Teresa Day a la Suprema Corte mendocina. ¿En qué estado está esa impugnación?
AG: En este momento corre un término al gobierno para contestar las acciones interpuestas. Eventualmente, deberá reunirse el plenario de la Corte y decidir qué es lo que hace al respecto. Qué interpretación debe hacerse de la Constitución. En función de eso se determinará si María Teresa Day puede o no integrar la Corte. La incógnita es quiénes van a ser los siete miembros integrantes que deben resolver. Porque Day no puede votar. A tanta barbaridad no se han animado. La próxima discusión será quién es ese séptimo integrante, cómo se designa, mediante qué mecanismo.
TpI: ¿Qué opinión tenés de la reforma judicial que ha planteado el gobierno nacional?
AG: Lo que se ve de Comodoro Py es insostenible hasta para ellos. Es muy grave la decadencia, la convivencia con los servicios de inteligencia, las operaciones, cómo activan o desactivan causas, todo esto ha quedado muy en evidencia. En ese fuero nacional rige un sistema inquisitivo, que viene de un viejo Código, un engendro, donde el juez sigue teniendo las facultades de acusarte y juzgarte al mismo tiempo, cosa que se ha abandonado en todo el mundo. Hasta el macrismo, todos, coincidimos en que el sistema inquisitivo no va más, es un anacronismo. Le da un poder discrecional a jueces como Bonadío que te juzgan y te acusan al mismo tiempo.
TpI: ¿Qué se hace con los jueces que delinquieron durante estos cuatro años?
AG: Yo creo que hay que impulsar los juicios políticos o los procesos de destitución ante el Consejo de la Magistratura en cada caso. No hay otra opción. Eso pasó con Néstor en 2003, cuando hubo que reconstruir la autoridad de la Justicia, que se había perdido desde el menemismo.
TpI: ¿Se puede hacer con esta Corte Suprema Nacional?
AG: Por supuesto que sí. La Corte no puede desentenderse para dar mensajes políticos al gobierno, como hizo la semana pasada con el caso de D’Elía. Ese era un caso prescripto, lo conozco bien. La tramitación de esa causa es un escándalo.
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Carlos Almenara docente y periodista. Autor de El faneróscopo de Eliseo.
