“El grado de civilización en una sociedad,
puede ser juzgada entrando a sus prisiones”
Memorias de la casa muerta es la obra que refleja la desesperación de Fiodor Dostoyevski en sus años de encierro como preso político en Omsk, Siberia. Ese relato crudo y descarnado de los días como presidiario de Alexander Petróvich Gorianchicov, describen las condiciones y abusos que los penados de su libertad padecen en los presidios. La situación carcelaria, en la Argentina actual, no dista mucha de la Rusia zarista. Por el contrario, parece haber recrudecido tras la gestión de Cambiemos en la Argentina y, particularmente, de María Eugenia Vidal a cargo del ejecutivo bonaenerense.
La Cámara de Casación Penal Bonaerense ya había advertido, en octubre de 2019, la grave crisis humanitaria que existía en los penales bonaerenses debido a la superpoblación de internos. El número que se manejaba era de un excedente del 103% de la capacidad carcelaria (24000 plazas).
La deuda a proveedores que se mantenía desde hacía varios meses, derivó en una huelga de hambre de más de 15000 reclusos al final de la administración Vidal. Mejorar las condiciones de los reclusos se convirtió en un imperativo para el corto plazo del nuevo gobierno. La falta de alimentos, medicinas y tratamientos para la población carcelaria, fueron el motivo principal de la huelga pasada y (la gestión Kicillof) no deseaba agregar un nuevo problema a los miles ya heredados.
A medida que las deudas se fueron cancelando, los proveedores retomaron las entregas, pero la crisis provocada por el COVID-19 corrió el velo de otro de los problemas que Casación ya había hecho hincapié: la superpoblación y las pésimas condiciones que la Gestión Cambiemos había agravado en las cárceles de la Provincia. La doctrina de la flagrancia, basada en la encarcelación (sin condena aún) de delitos no graves, incluso faltas menores para alimentar estadísticas que ocultaran los fracasos en materia de seguridad, llevaron al encarcelamiento compulsivo de jóvenes pobres y/o marginales en los mismos establecimientos que ya estaban sobrepasados a fin de la gestión Scioli.
El saldo de esta estrategia fallida de la ex Gobernadora y su ex Secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, se puede vislumbrar en una justicia colapsada de casos menores, verdaderos ofensores de la ley que no reciben su condena (por las razones de tiempo anteriores) y condenados que ven que, sus condiciones de vida, se deterioran producto de tener que compartir los mismos recursos escasos con un 100% más de internos.
Ante la pandemia global, muchos Estados, determinaron la morigeración de penas de reclusos de acuerdo a su capacidad de poder manejar la crisis sanitaria. Se aceleraron procesos de “externación”, incluso algunos conmutaron penas. El vecino país trasandino liberó más 1700 presidiarios durante los pasados meses de Marzo y Abril para poder paliar la crisis dentro de los establecimientos carcelarios. En Argentina, una recomendación de la CIDH sobre que presos se consideraban de riesgo ante el COVID, fue interpretada de manera errónea y permitió la morigeración de las penas de varios genocidas (20 a la semana pasada), mientras que otros magistrados, permitieron que algunos pocos condenados por delitos graves, recibieran el beneficio de la prisión domiciliaria.
La operación de prensa desatada durante la semana pasada, que terminó en un cacerolazo ante una situación inexistente (la suelta masiva de presos), fue ampliamente cubierto por los medios opositores, pero desvió la responsabilidad de estos jueces ante las morigeraciones (en contradicción con lo recomendado por Casación Penal y la OEA) y centró el foco en el poder ejecutivo nacional y bonaerense. Esta imposición de agenda política encontró al los responsables de los ejecutivos teniendo que responder, una vez más, ante la teoría del “Ornitorrinco” que planteara Horacio Verbitsky (Página 12, Febrero 2013).
El coletazo final de esta “imposición” de agenda mediática llevó al siguiente capítulo: Así como EE.UU., Chile, Brasil, Uruguay, Francia, Italia, Turquía y decenas de países continúan morigerando penas para poder dar contención y evitar que el Virus llegue a los establecimientos carcelarios, En Argentina -esta mañana- en la conferencia de Prensa llevada a cabo por el Gobernado Axel Kicillof y su Ministro de Justicia, Julio Alak, se presentó un Plan de Infraestructura Penitenciaria. También explicó que las salidas de los presos es responsabilidad del Poder Judicial y que esta fue menor que en 2019. Esto no solo explica lo falaz de la “operación” recibida, sino que muestra a la administración actual (y sumando los reclusos que obtuvieron morigeraciones por poseer factores de riesgo por la pendemia), con una imagen menos proclive a la “suelta de presos”: 1720 vs 1605 en idénticos períodos.
La declaración de Alak durante la conferencia culminó con el anuncio de 1350 nuevas plazas para internos y obras de infraestructura carcelaria para las unidades penitenciarias de la provincia. Las mismas se concretarán durante el período junio-noviembre de 2020.
El Gobernador Kicillof refrendó los dichos de su ministro y agregó que la responsabilidad del ejecutivo bonaerense radica en proveer los protocolos de salud y generar las condiciones sanitarias para los establecimientos penitenciarios.
También recordó la nota aparecida en el portal infobae en Febrero de 2018, firmada por Federico Fashbender en la que daba cuenta que el ex Ministro Ferrari (yerno de Eduardo Duhalde) intentaba paliar la sobrepoblación carcelaria, que ellos mismos habían generado, con la morigeración de penas domiciliarias a casi 1500 reclusos. También recordó que la anterior administración pobló, en menos de dos años, 8000 plazas carcelarias inexistentes. El Gobernador también hizo especial detalle en la resolución 158 firmada por el Procurador bonaerense Gerardo Conte Grand (yerno del operador político Luís Majul y nombrado por la ex Gobernadora Vidal) quien “omitió” incluir, dentro de la misma, la exclusión de los delitos graves y de lesa humanidad que fueron recomendados por la ONU y OEA entre otros organismos supranacionales.
La Constitución Nacional es clara y no deja dudas sobre el tema penitenciario desde 1853: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Cuidar las cárceles, a sus internos y al personal encargado de velar por la seguridad de estos internos, es una obligación. Evitar que la Pandemia llegue a estos establecimientos, como sucedió en Estados Unidos, evitará males mayores, no solo en la salud de la población carcelaria y sus cuidadores, sino en las familias de los internos, de los cuidadores, proveedores, personal de salud, de maestranza y administrativo que prestan servicios en unidades penitenciarias. El hacinamiento de las unidades carcelarias es similar al que estamos presenciando en estos últimos días en las Villas de Emergencia o la pasada semana en los geriátricos capitalinos. Los resultados de la acción de la Pandemia en Geriátricos y Asentamientos está a la vista. Una rápida respuesta frente al desafío de la problemática en las cárceles, obliga a una respuesta rápida y contundente por parte de la Justicia y una implementación de protocolos y condiciones sanitarias por parte del Gobernador y colaboradores.
