De acuerdo al último documento de trabajo que con apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) elaboró el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el impuesto a grandes fortunas no es una anomalía argentina, sino que en realidad se trata de una discusión que hoy tiene relevancia y alcance global, con el objeto de superar la crisis derivada del COVID-19 a través de la expansión económica y el rol del Estado y no mediante un nuevo ajuste y recortes económicos que impacten y afecten a los sectores más social y económicamente más vulnerables del mundo entero.
“El debate en torno a este gravamen se dio en, al menos, dieciséis países. En el continente europeo el tratamiento público del gravamen tuvo lugar en países tan disímiles como España, Italia, Reino Unido, Suiza y Rusia con una propuesta a nivel bloque de la Unión Europea; en Estados Unidos el debate existió a escala federal a partir de las propuestas del presidente Joe Biden y, además, en los estados de New Jersey, California, New York, Illinois y Arizona; mientras que en América Latina la discusión se dio en siete países, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay” enumera CEPA
El estudio muestra que se han registrado avances pero también estancamientos y rechazos “alrededor de las propuestas para crear impuestos sobre los sectores más pudientes” de la sociedad. “Ni aun la crisis más grave que atraviesa el capitalismo contemporáneo –explica- permite por sí sola avances en materia de equidad tributaria: es en los lugares donde se ha conseguido amplio consenso político y social, y con gobiernos con alta legitimidad, donde se logra que estas decisiones cobren forma”.
El dossier explica que “se destaca una gran amplitud política a la hora de realizar las propuestas de gravámenes: existen debates impulsados por sectores de izquierda o de centroderecha y, a la vez, una gran variedad a la hora de definir las formas, porque se han observado proyectos relacionados con las propiedades inmobiliarias, las fortunas y riquezas, los salarios o los servicios tecnológicos, entre otros”.
“Entre los países donde se han detectado avances institucionales se destaca claramente el caso argentino, cuyo proyecto fue reglamentado por el presidente Alberto Fernández en enero de 2021 y que, para el mes de mayo, ya había recaudado 223.000 millones de pesos. En América del Sur, las propuestas efectuadas en Bolivia y Chile también registraron avances. El primer cobro del gravamen por parte de las autoridades fiscalizadoras del gobierno de Luis Arce Catacora y la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados así lo demuestran (a pesar del estancamiento posterior en este último caso)” describe el trabajo de CEPA.
El trabajo analiza que “Argentina y Bolivia han avanzado en estas medidas, consiguiendo su aprobación, en un contexto de gobiernos que se resisten a este tipo de tributación progresiva, como son los casos más salientes de Brasil y Uruguay. El caso chileno muestra la particularidad de haber registrado un debate legislativo que ha permeado tanto a la oposición como al oficialismo con votos positivos en el mes de abril de 2021. En el caso de Uruguay, el 14 de abril se dispuso un aumento tributario a los salarios públicos y a las jubilaciones más elevadas, pero evitó el debate sobre el gravamen a la riqueza”.
“En América del Sur hubo propuestas de parte de la oposición, que no lograron aprobarse en Ecuador, Perú y Brasil, tanto en lo que corresponde al debate legislativo como en relación con el debate público. Por su parte, el debate en Chile presenta características particulares porque si bien partió desde los sectores políticos opositores al gobierno de turno y no logró entrar en vigencia sí recibió avances legislativos, como fue su aprobación en la comisión en la Cámara de Diputados a la espera de su tratamiento legislativo” señala el trabajo.
“Cabe destacar -amplia el CEPA- la existencia de impulsores que representan minorías en sus respectivos Congresos y que, en algunos de ellos, como por ejemplo en Ecuador, las atribuciones tributarias nacionales recaen sobre el presidente y no sobre el Poder Legislativo. Estas circunstancias han impactado de forma negativa sobre los debates porque, además, son gobiernos de derecha o de centro-derecha reacios a la carga impositiva. Hay que sumar en este continente al único país que registra una derrota legislativa sobre este tema: Paraguay. Allí el Senado rechazó por 25 votos en contra y 18 a favor la propuesta hecha por el opositor Frente Guasú”.
Estados Unidos también avanzó -señala el informe- “especialmente a partir de la victoria electoral de Joe Biden, quien presentó, según su propuesta de campaña, un plan de infraestructura financiado a través de un aumento del 7% de la tasa corporativa sobre las grandes empresas −del actual 21% al 28% (revirtiendo así la reforma impositiva aplicada por Trump).
Incluso el Estado de New Jersey, confirma CEPA, “avanzó con su proyecto de aumentar la alícuota impositiva a partir de las fortunas que superen el millón de dólares y durante las elecciones en Arizona, Colorado y la ciudad de San Francisco, se aprobaron distintas enmiendas para gravar las riquezas locales a fin de obtener recursos a la hora de enfrentar las consecuencias de la pandemia”
“Además, el gobierno estadounidense, respaldó las negociaciones surgidas en el último tiempo en el interior del G7 y de la OCDE para imponer un impuesto mínimo global sobre las grandes empresas de tecnología. De esta manera, las discusiones internacionales, que también cuentan con el respaldo del G20, se revitalizaron luego del rechazo que había manifestado la Administración Trump” grafica el CEPA.
Con respecto a Europa, el informe refiere que España y Rusia progresaron en sus proyectos “el gobierno de Pedro Sánchez logró aumentar este impuesto a través del presupuesto nacional del año 2021 y en Moscú Vladímir Putin aprobó disposiciones federales que entraron en vigor en enero de 2021. Sin embargo se percibe un notorio estancamiento en Italia, Suiza y Reino Unido. Las iniciativas prosperaron en sus respectivos Poderes Legislativos y tampoco han generado instancias profundas de reflexión en el debate público”.
“En Suiza, la propuesta provino del Partido Suizo del Trabajo – Partido Obrero y Popular (PST-POP), que no forma parte del gobierno y tiene escasa representación política. Propuso aplicar un impuesto único y directo del 2% sobre todas las fortunas superiores a los tres millones de francos con el objetivo de colaborar con trabajadores autónomos, desempleados y las pequeñas empresas (PST-POP, 2020). La iniciativa se llamó “impuesto de solidaridad de coronavirus” y hubiera permitido recaudar 17.500 millones de francos. El partido puntualizó que “el monto estaría destinado a un apoyo concreto y solidario y, por lo tanto, no tendría que ser reembolsado, a diferencia de los préstamos y créditos” describe CEPA.
Impuesto a grandes fortunas en Europa. Fuente Centro CEPA.
En Dinamerca -plantea el trabajo- “El gobierno socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen reflotó una de sus promesas de campaña de 2019 y buscó aprobar un impuesto sobre los bancos, los fondos de pensiones y los inversores más ricos del país para costear la jubilación anticipada de cerca de 38.000 trabajadores y trabajadoras en puestos de peligrosidad o insalubres. El gobierno de Copenhague estima que la reforma costará 3.500 millones de coronas danesas (470 millones de euros) por año y prevé financiarla a través de una “contribución social” por parte de los bancos de 134 millones de euros anuales desde el año 2023.
Según el ministro de Finanzas, Morten Bødskov, “el acuerdo es justo y está financiado de forma justa” ya que el sector financiero “debe contribuir más a la comunidad”, tras haber obtenido “miles de millones de beneficios” en los últimos años”.
Organismos Multilaterales
“En el marco de la crisis sanitaria generada por el covid-19 el organismo multilateral que más lejos ha llegado con sus discusiones y propuestas para gravar a las grandes fortunas ha sido el G7, compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, que en junio de 2021 anunció un acuerdo para imponer una tasa impositiva global de “al menos el 15%” sobre las grandes empresas multinacionales” apunta CEPA.
“La OCDE celebró el acuerdo. Su secretario general, Mathias Cormann, lo calificó como un hecho “histórico” que busca “reformar el sistema fiscal internacional” y, si bien reconoció que aún quedan puntos por discutir, es un “momento muy importante” de cara al futuro de las negociaciones hacia el interior de su propio organismo. “El efecto combinado de la globalización y la digitalización de nuestras economías ha provocado distorsiones y desigualdades que solo pueden abordarse eficazmente mediante una solución acordada multilateralmente” agregó.
El G-20 también manifestó su confianza ante la posibilidad concreta de alcanzar un acuerdo sobre un impuesto mínimo global a raíz del apoyo de Estados Unidos. Las discusiones dentro de la OCDE se llevaron a la par con este organismo por lo cual los avances registrados han tenido una recepción satisfactoria y prometedora. En febrero de 2021 los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los países integrantes del bloque, plasmaron en el comunicado final su intención de continuar la cooperación internacional “para lograr un sistema tributario internacional moderno, sostenible y globalmente justo” señala el CEPA.
“La CEPAL -explicita la investigación de CEPA- ha sido otro organismo internacional que ha recomendado la aplicación de impuestos a las grandes fortunas, riquezas y empresas para alcanzar una recuperación económica sustentable e inclusiva. En octubre de 2020, el organismo, recomendó a los países de la región orientarse en este camino ya que la crisis económica generada por la pandemia provocará una recuperación más lenta que la registrada durante la crisis subprime del período 2007-2008 porque, según su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, el COVID-19 “está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo”
Por su parte -amplía el trabajo- “en abril de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una “serie especial sobre políticas fiscales en respuesta al covid-19” donde recomendó “considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio” en lo que aseguró que podría ser catalogado como una “sobretasa solidaria” (FMI, 2020: 3). Seis meses más tarde, en octubre, el organismo publicó su informe “Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2020: un ascenso largo y difícil” (FMI, 2020) donde reiteró que los gobiernos “deberían considerar aumentar impuestos sobre los individuos más ricos y menos afectados por la crisis”.
“Del debate internacional también ha sido parte el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien en abril de 2021 ante el Foro del Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo133, habló de un “cambio de paradigma” para “alcanzar un desarrollo sostenible y evitar una crisis de larga duración… Los últimos informes indican que en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo. Instó a los gobiernos a que consideren la posibilidad
de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”, aseguró el portugués.
Conclusiones
Según CEPA “La amplitud de los ejemplos estudiados muestra que ha sido una propuesta transversal a las posiciones políticas, pero con un destacado rol de diferentes partidos “de izquierda” al momento de proponer salidas progresistas a la crisis sanitaria actual en contraposición con los partidos de ideología económica neoliberal (o de derecha) que usualmente se oponen a aumentar impuestos a las empresas y a los ricos. En América del Sur esto queda claro ya que, salvo el proyecto presentado por el Frepap en Perú, todas las propuestas han sido realizadas por sectores progresistas y, además, en aquellos casos donde no han avanzado o han sido rechazadas, se destaca la resistencia de los gobiernos de turno, cercanos a posiciones de derecha o centro-derecha”.
“En Estados Unidos las propuestas también han partido de los sectores centristas del espectro político, como Joe Biden, o de los sectores más progresistas, como las hechas en New York. Por su parte, en Europa los proyectos también han sido encabezados por sectores de centro o más cercanos a la izquierda política, como es el caso de España, Italia, Suiza y Reino Unido, y han sido rechazados o detenidos por gobiernos o partidos de tendencias políticas contrarias” apunta la investigación.
“En algunos ámbitos -completa- el debate sobre la imposición a las grandes fortunas surge a partir de la crisis del covid-19, y como una necesidad de achicar los déficits generados por esta, como es el caso de Reino Unido, el Fondo de Emergencia europeo, Brasil y Argentina. Mientras que en otros países el debate venía dándose hace algún tiempo y la crisis sanitaria dio el empuje necesario para que madurara, como Dinamarca, Estados Unidos, o Chile. Las diferentes propuestas apuntan a una cuestión común: gravar a quienes más tienen. Algunas lo hacen a través de alícuotas a
la propiedad inmobiliaria, como es el caso de California; otras a los depósitos o a los ingresos por salarios elevados, como Rusia o la ciudad de San Francisco. En otros casos, se busca gravar a sectores más favorecidos, como Dinamarca los bancos o Reino Unido las empresas de servicios digitales y tecnología”.
“Más allá de las diferencias mencionadas, se detecta que todas las propuestas persiguieron el mismo objetivo: que los sectores más pudientes aporten de manera extraordinaria fondos y recursos para paliar el impacto negativo de la crisis sanitaria y económica sobre las grandes mayorías sociales del mundo porque el covid-19 ha demostrado que ningún país ni ningún sector se salvará solo y sin solidaridad”.
Finalmente el informe elaborado por Julia Strada y Lucio Garriga Olmo, advierte que, “los debates en torno a la progresividad tributaria requieren, sin embargo, un consenso fuerte y decidido respecto del combate a las guaridas fiscales y a la evasión, mecanismos de distinta índole que afectan seriamente la posibilidad de construir bases imponibles sólidas y que, por ende, son un límite directo al avance de la progresividad. No hay forma de lograr que prospere una estructura tributaria más progresiva −menos aún los gravámenes a la riqueza− si el multilateralismo global no decide avanzar en el combate a la evasión de los ricos en todo el planeta”.
Walter Darío Valdéz Lettieri
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