Por: Walter Darío Valdéz Lettieri

El gobierno argentino negocia un aval del FMI y el Club de París que le permita evitar el default y llegar con algo de oxígeno en términos de reservas, a las elecciones legislativas de medio término. El país dispone de 60 días de plazo para arribar a un acuerdo definitivo con sus acreedores multilaterales, lo cual presiona al pdte. Alberto Fernández y su Ministro de Economía Martín Guzmán a administrar con cuidado, un complejo cúmulo de oportunidades, riesgos y desafíos vinculados a cómo manejarán la economía argentina 2021.

A pesar de que tanto el FMI como el Club de París aún no confirmaron el entendimiento, Argentina NO entrará nuevamente en default, porque a ninguna de las partes involucradas le interesa ni resulta conveniente que ello suceda. Una vez confirmado el apoyo de Japón (único aval que resta al día de hoy) se habilitará el anuncio oficial que se realizaría en un par de semanas e incluiría una prórroga de 90 días y la dispensa del cobro de intereses adicionales por la mora en la que incurrió nuestro país. Así, la economía despeja una de sus mayores incertidumbres y pospone hasta luego de las elecciones 2021, el grueso de sus vencimientos más importantes de deuda en moneda dura.

Más político que económico, el acuerdo al que se arribó con líderes europeos y la titular del fondo, funciona como un bálsamo puertas adentro del Frente de Todos, pues se sabe que llegar a las elecciones sin reservas suficientes en las bóvedas del Banco Central, es un riesgo enorme y muy peligroso para todo oficialismo. En un marco tan delicado (inflación y pobreza crecientes) su correlato más temido, la devaluación, se potencia y despierta un pánico aún mayor.

Sin embargo es la propia pandemia quien generó a escala global, un embrionario cuestionamiento a ciertos postulados “absolutos” largamente repetidos por la ortodoxia económica. Entre ellos la repetida hasta el hartazgo disciplina/superavit fiscal condición presuntamente imprescindible para sostener un camino de crecimiento económico sólido y sustentable a mediano y largo plazo

Ampliamente conocidas son las diversas políticas de ayuda social instrumentadas durante el último año tanto en Europa como en EEUU. Incluso la propia Secretaria de Tesoro de USA Janet Yellen confirmó lo que hasta hace poco tiempo parecía casi un sacrilegio: el establecimiento de un impuesto a las grandes corporaciones globales.

En dicho marco el FMI, que si bien no ha cambiado su rol al menos parece mostrarse más flexible, negocia con nuestro país un acuerdo a largo plazo que le permita recuperar aquella multimillonaria y fallida inversión que buscó, en 2018, apuntalar la también fallida reelección de Mauricio Macri, sin exigir de momento duros ajustes claramente inviables tanto en términos políticos como sociales.

Aún así, es razonable especular con que el organismo multilateral de crédito se interese en deslizar a oídos del Ministro Guzmán, la necesidad de establecer una pauta fiscal moderada, estable y financiable, especialmente en el mercado local, lo cual nos lleva a evaluar cual es la situación actual de las cuentas públicas en nuestro país.

Recaudación Tributaria

A pesar que casi un 50% de la economía del país es informal, desde hace algún tiempo el Tesoro Nacional evidencia una recuperación real de los ingresos del sector público, que hace posible una menor demanda de financiamiento vía emisión monetaria, lo que es altamente positivo en términos de estabilidad del tipo de cambio y sustentabilidad fiscal.

La recaudación impositiva que durante el pasado mes de abril, superó los $817.0000 millones (105,2% superior respecto a abril 2020) acumula ya ocho meses consecutivos de crecimiento muy por arriba de la inflación. Semejante nivel de recuperación tiene estrecha relación con el fortísimo incremento (+183%) de la recaudación impositiva vinculada al comercio exterior, impulsada a su vez por la mejora tanto en precios como en menor medida en cantidad, de los bienes y servicios exportados por el país.

Otra arista que posibilitó sumar recaudacion tributaria adicional, es el cumplimiento de pado del aporte solidario y extraordinario a grandes patrimonios. Unos 10.000 contribuyentes aportaron a las arcas públicas cerca de $ 145.000 millones, los cuales permitieron al gobierno, financiar inversión social vinculada con diversas áreas sensibles tales como los $29.000 millones asignados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos, elementos de protección, etc. y porción similar que recibieron las carteras de Educación y Trabajo para reforzar el plan Progresar que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y seguir sosteniendo el empleo y las remuneraciones de las y los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas respectivamente.

La recuperación de las exportaciones argentinas se apoya en un escenario más favorable al crecimiento, de las economías que demandan productos argentinos (especialmente China, USA y Europa) La suba en el precio de nuestro principal producto exportable, la soja, que opera hoy cerca de los USD 570 por tonelada promete acelerar un mayor flujo de ingresos de divisas al originalmente proyectado: USD 1.400 millones durante 2021.

Durante el primer trimestre de este año, se exportó por valor de USD 15.407 millones (+15,5% respecto a 2020) permitiendo que la balanza comercial arrojara un superávit de USD 2.530. Analistas proyectan para todo el año, un saldo comercial positivo cercano a USD 13.000, producto de exportaciones anuales estimadas en más de USD 64.000 millones e importaciones que sumarían aprox. USD 54.000 millones.

Los datos resultan un alivio para el Ministro Guzmán, pues suavizan el “ajuste” (hoy generado básicamente por la inflación) que deberá convalidar para acordar con los acreedores externos y le brinda un mayor margen de maniobra en materia de políticas monetarias y cambiaria, lo cual correlaciona directamente con las chances electorales del Frente de Todos, de cara a las elecciones argentinas 2021.

La recuperación exportadora trajo consigo una sustancial mejora en la liquidación de divisas por parte de los exportadores y permitió al Banco Central adquirir cerca de USD 2.000 millones a lo largo de mayo, el nivel más elevado para dicho mes del año desde 2003 a la fecha, lo cual a su vez promovió que divisas por más de USD 5.730 millones en lo que va de 2021.

Tal evolución, permite al gobierno sostener una devaluación del peso que se ubica claramente por debajo de la inflación, eje del programa económico que busca detener el proceso inflacionario de la mano de un ancla cambiaria y un tándem de tarifas reguladas y paritarias que también ajustan en menor medida en que lo hace la escalada de precios minoristas.

En tal dirección, vale considerar lo que plantea el economista Walter Graziano quien le sugiere al gobierno desechar una “supuesta necesidad de bajar la brecha cambiaria, si es necesario usando dólares de las reservas, las que cerraron mayo apenas por debajo de los USD 42.000, a fin de de garantizar el financiamiento para los vencimientos de deuda pública en pesos de julio y agosto que son más abultados que en otros meses

Es preciso no perder de vista que casi un 60% de los bonos que el estado coloca en moneda local, se encuentran en manos de inversores privados e institucionales locales tales como aseguradoras y bancos, los cuales deben integrar sus carteras incluyendo un mínimo de dichos instrumentos, generando así una suerte de “demanda cautiva” que celebra el Palacio de Hacienda, pues constituye una poderosa vía de financiamiento local, que le ayuda a atenuar incertidumbres respecto al como financiará se el desequilibrio fiscal.

Sin considerar los USD 2.400 millones que hoy vencen con el Club de París,  Argentina debe afrontar en lo que resta del año, pagos de deuda por aprox. USD 6.900 millones. De ellos 692 millones son intereses con el FMI que vencen entre junio y agosto. En plena campaña electoral el país deberá cumplir con otros vencimientos ante el FMI y bonistas privados por casi USD 3.700 millones, pagos que resultan levemente inferiores a las reservas líquidas que hoy atesora BCRA. Si bien los números lucen muy ajustados, el tesoro recibirá casi USD 4300 millones correspondientes a la emisión de DEGs que realizará cerca de agosto el organismo multilateral presidido por Kristalina Georgieva, lo cual contribuye a despejar todo temor de default al menos hasta 2023.

Ese ingreso de fondos adicionales e inesperados, produjo un interesante debate en el seno de la coalición de gobierno. Por lado aparecen quienes aseguran que deben ser usados para afrontar vencimientos de deuda y por otro aquellos que entienden que, en el marco de la emergencia sanitaria, deben primar decisiones y políticas públicas guiadas por un eje central: primero la vida, luego la deuda.

Tal saludable debate ha sido usado en los últimos días, para referir una presunta interna palaciega que busca minar las chances electorales del oficialismo. Versión malintencionada según la cual, el pdte. Fernández no es quien gobierna, sino que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien ejerce el poder detrás bambalinas, apoyada en una tríada que dicen, encabeza el gobernador Axel Kicillof.

Más allá de que decida hacer el pdte. con dichos recursos, sería necio no reconocer que la economía argentina se encuentra bajo presión, simplemente por el hecho de ser 2021 año electoral. La incipiente recuperación de la actividad es y será puesta a prueba a diario por una pandemia que aún parece no llegar a su techo. Resultará determinante, desde un punto de vista macroeconómico, considerar que grado de severidad podrían tener eventuales nuevas restricciones a la circulación de personas (si las hubiere) decisión que el gobierno nacional pretende evitar, aspirando a una masiva y rápida vacunación antes de noviembre.

Así las cosas, queda muy claro que NO hay riesgos económicos, sino una evidente intencionalidad política que parte desde la oposición, entre quienes auguran o anticipan que nuestro país ingresará nuevamente en cesación de pagos antes de fin de año. Sortear la amenaza del default no resulta suficiente aunque sí necesario para sostener el proyecto de país que promueva y consolide el camino de crecimiento económico con justicia, inclusión y equidad social, que prometió y representa política y electoralmente el Frente de Todos.

Por: Walter Darío Valdéz Lettieri
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