Todo el odio de Graciela Ocaña por haber sido echada del Ministerio de Salud y la genuflexión de Claudio Bonadío hacia el macrismo, no pudo contra el acto de amor diseñado por un joven que quiso cambiar el mundo. Tiago Ares diseñó un kit para la primera infancia para poder evitar, lo que él consideraba algo insostenible: las muertes por colecho (bebés que duermen en la misma cama con sus padres). Muertes por asfixia, dictadas por la pobreza y el hacinamiento. Tiago investigó y armó un plan para que un kit simple, permitiera a la familia del recién nacido ofrecerle un lugar para dormir (la Qunita) que venía con un kit para que la higiene, el abrigo y la estimulación del recién nacido, fueran iguales no importase si fueran ricos o pobres.

La idea del joven militante político fue bien recibida por el Ministro Daniel Gollán, quien, por esos años, era el Ministro de Salud de la Nación. El plan se implementó, al modo Fundación Evita, los materiales de la qunita, la ropa, el abrigo y los productos complementarios, eran de primera calidad. La bibliografía que acompañaba el kit, contenía una guía para los padres sobre el cuidado e higiene del recién nacido. La idea fue tomada por otros países. Se volvía a cumplir eso que, los únicos privilegiados en el país, eran los niños. 

La llegada del macrismo y con ellos, Graciela Ocaña, llena de odio y resentimiento por haber sido echada del Ministerio de Salud, por ser la responsable de la entrada de la anterior pandemia (H1N1) y responsable directa de la salida de la Efedrina para transformarse en precursores químicos en otros países, decidió volcar todo su potencial de daño en los recién nacidos. Partiendo de una “falsa pericia” determinó que ella y un familiar, podían comprar al menudeo los objetos que contenía el kit, por menos dinero, por lo que -allí- había un delito. Rauda, denunció lo que ella determinó un acto de corrupción en un fórum shopping, que recayó (una vez más) en Claudio Bonadío. El fallecido juez, que tenía un especial encono con el kirchnerismo, decidió aceptar el convite de Ocaña y pidió una pericia. La misma fue suspendida al mostrar que, no solo no había delito, sino que los costos eran por debajo de los habituales, por lo que ordenó la destrucción de los Kits. La fiscala logró impedir la destrucción de los mismos. 

Bonadío, quien presentaba signos inequívocos del progreso de la enfermedad y que, claramente le impedían discernir la naturaleza de las cosas que debía juzgar, continuó realizando y firmando actuaciones pese a la afasia que presentaba (producto de la resección de masa encefálica, ceguera parcial y la imposibilidad de percibir o comunicar debidamente. Solo la muerte del juez evitó que siga causando mayores daños a las personas o a los bienes de la Nación, pero llegó a elevar la causa a Juicio Oral como parte de sus últimos legados de maldad.

Ya con Bonadio fuera de la escena y con un nuevo juez a cargo, la fiscala consideró que, a lo largo de la investigación, no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública. Mucho menos el abuso de autoridad denunciado por Ocaña, «Ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito». La presentación formal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, obliga al mismo a determinar si sobresee o no a los acusados y de esa decisión dependerá si se realiza (o no) el juicio oral y público que promoviera Bonadío. Nicolás Kreplak, Daniel Gollán y Aníbal Fernández, son los que cargaron con las mayores acusaciones, el resto de los actores, sólo fueron incluidos como reparto en la “farsa” pergeñada por Ocaña.  Baigún desarma la trama del tándem Bonadío-Ocaña de forma demoledora: “La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”. Pero Baigún entiende que, de haber conductas delictivas, fueron las promovidas por este dúo: “recién se llevó adelante un peritaje contable y uno técnico con posterioridad a la elevación a juicio, como consecuencia de los pedidos realizados por las defensas y por este Ministerio Público Fiscal”. La ausencia de razones para elevar a juicio, se basan en las pericias contables que determinaron la “inexistencia de sobreprecios en la licitación investigada”. Para terminar decide dejar en claro que existió un perjuicio para el estado que directamente involucra a Bonadío: “este proceso se inició para investigar una licitación pública en la que el Estado Nacional habría sido presuntamente perjudicado (…) nunca se practicaron medidas conducentes y concretas para despejar ese interrogante” y sentencia en el dictamen “en la búsqueda de ese perjuicio potencial se arrojaron perjuicios reales a las arcas públicas, tales como que se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado”.

Bonadío murió impune. El Fiscal Eduardo Taiano, quien acompañó la postura de Bonadio y la misma Graciela Ocaña, aún están vivos para poder responder penal y económicamente por lo que fue un verdadero crimen: haber privado a decenas de miles de niños, nacidos en los pasados cinco años, de una primera infancia cuidada por su odio irracional hacia el peronismo.

Que sea Justicia!

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Rodrigo Mas
Editor de Argentina Informada

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