Después de la aprobación por 75 a 66 votos, La Cámara de Diputados de Chile envió el proyecto que tipifica delito de incitación a la violencia al Senado trasandino. La norma aprobada sanciona el negacionismo de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la pasada dictadura cívico militar. De ser convertido en ley por el Senado, se tipificará como delito el mensaje de incitación a la violencia (Boletín 11.424). Años atrás, Michelle Bachelet, envió al Congreso este mismo proyecto la administración Piñera lo modificó en julio de 2018, siendo aprobado en general por la Cámara el 9 de enero de 2020.

La idea clave de la iniciativa es sancionar penalmente a quienes promueven discursos que, “conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, consistan en una apología del odio, capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o a sus miembros”. Pese a ser aprobado, el artículo primero que introduce un un texto sobre la incitación a la violencia y al odio dentro de los crímenes y  delitos simples que afectan los derechos garantizados por la constitución chilena esta norma sobre incitación a la violencia física fue rechazada, al no alcanzar los votos afirmativos que se requerían de quórum calificado (mayoría especial). En tanto, el segundo artículo, referido a la incitación al odio, no alcanzó mayoría simple para su aprobación. El texto original proponía penar con un año y medio de prisión y multas. Bastante leve por el daño social que conlleva el delito en una sociedad que no condenó a los terroristas de Estado y cuyo máximo jerarca, murió sin conocer la cárcel. 

También fueron rechazadas las modificaciones a las leyes sobre “libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”; y la de “responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho”. En estos casos, la falta de penas a los ganadores del golpe del 73, continúa teniendo una protección muy grande. 

Este nuevo avance hacia una sociedad que deje atrás la feroz dictadura de Pinochet y sus socios civiles (hoy en el poder) “sancionará a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignadas en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura; sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos”. Las penas ahora serán más graves y llegarán hasta tres años y multas en dinero. Las penas aumentan si el negacionista es cometida por un funcionario público, quien además será alcanzado con pena de inhabilidad absoluta temporal, en su grado mínimo, para ejercer funciones públicas.

Durante el debate parlamentario, la oposición, se manifestó a favor de poner límites a la “libertad de expresión” en pos de “evitar la discriminación y la violencia”. para contrarrestar esta posición utilizó el ejemplo argentino para explicar que la censura no es la respuesta: “la colisión entre libertad de expresión y los discursos de incitación a la violencia, al odio y a la discriminación está resuelta en pactos internacionales de derechos humanos; y varios países lo han integrado en su legislación, como Alemania, Argentina, Holanda, Brasil, España y Uruguay, principalmente, “sociedades que han sido traumatizadas con el genocidio y crímenes de lesa humanidad”. En tanto indicó que, en lo referido a tipificar el delito, la norma se refiere a sancionar “la negación de actos precisos de violaciones a los derechos humanos reconocidos por el Estado Chileno, que no pueden volver a repetirse”.

Redacción

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