El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabeza un plan de reforma del Estado. Dicha reforma colisiona de frente con muchos de los convenios colectivos de trabajo de estatales y, muchas reparticiones públicas, sufrirían recortes y hasta podrían llegar desaparecer. Es también incierto el futuro para la versión local de vialidad, rentas, catastro, la Caja de Prestaciones Sociales y la Obra Social del Personal Estatal. Es por estas razones que, Catamarca, se encuentra en estado de movilización, pese a las restricciones que impone la Pandemia.
Desde hace dos semanas, multitudinarias marchas se realizaron para pedir que no se deroguen los adicionales, recategorizaciones, y en contra del ajuste en la planta estatal de trabajadores.
La crisis que la Gobernadora Corpacci manejó durante el macrismo, hoy presenta matices diferentes. La intención de la privatización de la Obra Social, denunciada por los trabajadores, es una pequeña muestra que indica el camino que Jalil piensa transitar con esta reforma. Con acusaciones de connivencia del Gobernador y algunos sectores del Gremialismo que apoyaron la gestión Macri, se debaten los días en la Provincia.
El pedido de las organizaciones gremiales al gobernador, que solicitan tiempo para sortear esta pandemia, es consensuado por todos los sectores de la política local. También el pedido incluye no continuar con esta avanzada en la reforma que “obliga a salir a la calle” a los catamarqueños en defensa de sus empleos y derechos adquiridos en plena pandemia, como expresaron varios representantes de las agrupaciones de trabajadores de la provincia.
